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Respuesta del PRD al segundo informe de gobierno de Vicente Fox

Respuesta del PRD al segundo informe de gobierno de Vicente Fox

El crecimiento económico no puede depender del remate de los activos nacionales, advierte


Luego del fracaso de sus esfuerzos por presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y así responder al II informe de Gobierno del presidente Vicente Fox, el Partido de la Revolución Democrática difundió el texto de lo que habría sido su respuesta al Ejecutivo.

A unas horas de que sus legisladores abandonaron el recinto legislativo antes de que la priista Beatriz Paredes iniciara la lectura de su respuesta a Fox, el PRD difundió la respuesta que daría el diputado Erick Villanueva al mensaje presidencial y acerca de la cual, el coordinador Martí Batres aseguró con insistencia, sería respetuosa e institucional sin dejar de lado su postura crítica.

Respuesta del PRD al II Informe de Fox...

Este acto republicano ha dejado de ser, por mandato popular, el rito mediante el cual se rendía pleitesía al Ejecutivo Federal en turno. Ahora constituye un acto que confirma el equilibrio de los poderes nacionales, que permite a esta soberanía cumplir con dignidad su facultad de revisar los actos de gobierno del Poder Ejecutivo; e informa a la nación entera las acciones realizadas por su administración en el curso de un año.

No obstante, es del interés de todos los grupos parlamentarios que integran esta soberanía, avanzar en la modernización de estos encuentros de diálogo, con el fin de enriquecer, con deferencia e inteligencia, el intercambio de ideas, que permita asimismo, ofrecer a la ciudadanía, con mayor amplitud y transparencia una mejor rendición de cuentas. Por ello, próximamente analizaremos diferentes propuestas parlamentarias con el fin de reformar el formato de este acto de gobierno, para permitir un diálogo más directo y productivo entre los dos poderes.

Saludamos la estabilidad económica lograda en un contexto de recesión mundial, los éxitos tangibles de la lucha contra el narcotráfico, la apertura de los archivos de la guerra sucia y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información; y reconocemos que se ha avanzado en la defensa de los derechos humanos, que se han respetado las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se ha mantenido la gobernabilidad sin represión. Sin embargo, las enormes expectativas despertadas en la población ahora reclaman grandes resultados y en corto tiempo. Particularmente en materia de la economía real y el desarrollo social.

Por ello, tenemos que avanzar, tenemos que empujar la rueda de la historia para concretizar la Reforma del Estado tan discutida y anhelada, por todos los sectores; fortalecer el carácter laico del Estado y las atribuciones del Congreso de la Unión; impulsar un federalismo moderno, que cohesione aún más el pacto federal, mediante la descentralización de atribuciones y recursos de la federación hacia las entidades federativas.

La transición no se agota con el mantenimiento de la estabilidad económica y la alternancia en el poder. Ambas representan sólo un paso en el amplio espectro de la transición y transformación del régimen político. Conviene señalar que la transición política no es un paréntesis en la historia que pueda circunscribirse a un acto de gobierno; sino que va mucho más allá, parte de la dinámica y de la dialéctica de las contradicciones de la sociedad, la cual, mediante acciones explícitas y decididas se libera de un sistema autoritario para arribar a un régimen o etapa más avanzada. Incluye el perfeccionamiento de los métodos democráticos, el establecimiento de instituciones autónomas y sólidas y la definición de las reglas del juego político; es un proceso de cambio cualitativo deliberado de las organizaciones sociales con objetivos políticos e ingeniería política propia. En México constituye un proceso social inacabado, iniciado hace varias décadas, por todos los sectores sociales, y por ello no puede ser apropiado por un gobierno, por un partido político o por algún sector social específico.
El proceso del cambio solo puede dejar de ser cuestionado si se manifiesta en acciones concretas y resultados reales; este proceso debe ser ampliado a su máxima expresión posible y deseable en bien de la nación. Tenemos que definir ya, el nuevo rumbo del país, con decisión y responsabilidad; y perfeccionar nuestros procesos políticos, puesto que, si la sociedad se decepciona de la democracia, se puede propiciar un retroceso en la vida política, generar vacíos o incluso arribar a regímenes autoritarios.

El principio histórico de la separación del Estado y de la iglesia orientan el espíritu de nuestra Carta Magna, pues constituyen entidades con fines diversos. Nuestra Constitución garantiza la libertad de cultos, pero establece la supremacía e independencia del Estado con respecto a las asociaciones religiosas; los objetivos de estas últimas, por su naturaleza espiritual, son y deben ser absolutamente ajenos e incompatibles con el quehacer político nacional; ésta es una fórmula esencial para preservar una convivencia armónica, plural y tolerante. Por ello, se espera de los representantes del Estado un proceder congruente con estos postulados y que todos sus actos sean de suyo, conforme a derecho. Las dos administraciones anteriores y la actual, han convertido a nuestra industria de exportación, en el motor de la economía, sobre todo a partir de 1994, con la entrada en vigor del TLCAN, y descuidaron el sector interno. Sin embargo. este tratado ya está generando crecimientos decrecientes, y ante la perspectiva de la suscripción del Área de Libre de Comercio de las Américas y otros tratados de Estados Unidos, se empiezan a rezagar nuestras ventajas comparativas. Los acontecimientos del 11 de septiembre en los Estados Unidos de América: trastocaron la política económica internacional predominante; debilitaron seriamente los cimientos del gran capital internacional; perturbaron la fortaleza del pensamiento único, establecido en el mundo a través de la política económica neoliberal; e impusieron a la globalización una pausa. Si se agrega la expansión de los conflictos bélicos en el Medio Oriente, el panorama se ensombrece aún más.

Ante este escenario, la economía de México no debe convertirse en una variable dependiente del crecimiento de la economía de Estados Unidos. Pero también nuestro crecimiento económico no puede depender del remate de los activos nacionales, pues nuestra experiencia en cuanto a desincorporación de empresas paraestatales no ha sido propiamente exitosa; y la historia nos enseña que los gobiernos que privatizaron todo, ahora carecen de ingresos y perdieron el control de sus economías.

Por ello, debemos garantizar un equilibrio de las políticas públicas y económicas que nos conduzcan a un desarrollo económico sustentable con equidad social. El Ejecutivo Federal, como su gobierno lo ha afirmado, debe volver la vista al interior, fomentar el desarrollo del mercado interno para reactivar la economía nacional y generar empleos de manera acelerada, mediante: el impulso de la industria de la construcción, el fortalecimiento de la industria abastecedora del mercado doméstico, la promoción y apoyo a la pequeña y mediana industria y la reconstrucción de las cadenas productiva. También, es indispensable sustituir importaciones, inducir a las grandes empresas a incluir en sus procesos productivos mayores porcentajes de materias primas nacionales y crear una cultura nacional que propicie el consumo de lo "hecho en México".
Un asunto que resulta impostergable, es la revisión del Capítulo Agropecuario del TLCAN. Baste señalar que en el sector rural se concentra el 69.3 por ciento de la población en situación de "pobreza de patrimonio"; que este sector se debate frente a serios rezagos tecnológicos y financieros; y que a partir de enero del 2003 los productos agropecuarios quedaran libres de todo arancel dentro de esta zona de libre comercio. Así la gran mayoría de nuestros productores rurales no podían competir con los agricultores norteamericanos; pero ahora con la ley FARM BILL, quedan prácticamente fuera del mercado. Por ello y por el contexto internacional descrito anteriormente, la seguridad y la soberanía alimentaria se convierten en un asunto de seguridad nacional. Hay que analizar mesurada y razonablemente excluir al sector agropecuario del TLCAN.

Estas circunstancias nos impone actuar con prontitud y nos obligan a incrementar de manera sustancial los recursos presupuestales destinados al campo para: construir la infraestructura faltante y rehabilitar la existente; finiquitar el problema de las carteras vencidas; otorgar créditos con tasas preferenciales a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios; entre otras acciones, con el fin de reducir las asimetrías de nuestro sector agropecuario con las economías de Estados Unidos y Canadá. Además, se requieren soluciones pacíficas para los añejos conflictos agrarios, pues la indiferencia y la dilación han generado enfrentamientos dolorosos.
Con sorpresa y pesar fueron recibidos los resultados de la medición de la pobreza en México, y aunque otros estudios señalan cifras superiores, el aceptar oficialmente que en el año 2000 existían 53.7 millones de pobres, implica una gran responsabilidad. Este problema, que seguramente ya creció, debe constituir una de nuestras tareas de más alta prioridad.

El postulado que afirma que en la medida en que se mantenga la estabilidad económica se logrará avanzar en el combate a la pobreza, es ya insostenible. Llevamos dos años de estabilidad de esta administración y varios más del sexenio anterior, y de este combate seguimos saliendo derrotados. Por ello, coincidimos con quiénes desde el Ejecutivo Federal no descartan cambios en la política económica actual. Mientras tanto, la política social debe incluir un conjunto de políticas públicas que privilegien: la generación de empleos permanentes y bien remunerados, la seguridad social universal y la educación como base de la inversión en el capital humano, que nos garantice el desarrollo presente y la competitividad futura.

La estabilidad y fortaleza de los ingresos públicos no puede establecerse sobre la plataforma de los impredecible precios internacionales del crudo de exportación; por ello resulta indispensable eficientar la recaudación y abatir la evasión y elusión de impuestos, con el fin de incrementar la recaudación fiscal a los niveles alcanzados por los países de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE).

En materia de egresos, es necesario privilegiar, dentro del presupuesto de egresos de la federación, la política de desarrollo industrial, la política agropecuaria y la social; así como las participaciones de los Estados y Municipios. Para ello se requiere incrementar el porcentaje de la recaudación federal participable al 25 %, con el objeto de consolidar polos de desarrollo regionales en las entidades federativas, que nos permitan construir economías regionales vigorosas y competitivas. Este es otro principio del desarrollo equilibrado y equitativo. El país no podrá desarrollarse si no se desarrollan los Estados y los Municipios.

Otro asunto que inquieta a las fracciones parlamentarias de esta soberanía es el relativo a los ajustes presupuestales, que de manera recurrente afectan el gasto público. Estas medidas preocupan por su efecto negativo en los programas sociales, particularmente en el combate a la pobreza, porque reducen las posibilidades de reactivación y crecimiento de la economía; y se consideran injustificados cuando simultáneamente se incrementan las reservas internacionales a niveles que se presumen innecesarios.

El sector bancario nacional está en manos extranjeras, lo cual ha implicado pérdida de control, riesgos innecesarios y debilitar las políticas públicas del financiamiento de interés social. Con este proceso de desnacionalización se buscó capitalizar y sanear las instituciones bancarias para que cumplieran su función de reactivar la economía nacional, financiar al sector privado y reactivar el crédito hipotecario, nada de esto ha ocurrido y llevamos casi 8 años de austeridad crediticia. Por ello, la banca de desarrollo del Gobierno Federal está obligada a cumplir, de manera más amplia y directa, la función de intermediario financiero de fomento; especialmente en el rubro de las micro, pequeñas, medianas empresas y el campo. Solo así será posible proteger, al menos parcialmente, a estos agentes económicos en proceso de extinción.

Pese a los logros alcanzados, la seguridad pública constituye un reclamo nacional aún no atendido; y la responsabilidad principal en esta materia recae en el gobierno federal. el cual debe liderar y dirigir acciones coordinadas de los tres órdenes de gobierno, para garantizar la integridad física y el patrimonio de la ciudadanía, de todos los sectores y estratos sociales, asimismo, debe conducir un combate frontal contra la delincuencia organizada y reducirla a su mínima expresión, para evitar que represente un riesgo para la gobernabilidad. Esto requiere, de manera apremiante, unificar e integrar la operación de todas las corporaciones policiacas del país y reformar el Código Federal de Procedimientos Penales para reparar el daño causado a las víctimas de delitos.

Por todo lo expuesto, las Cámaras del Congreso de la Unión en su conjunto, le manifestamos nuestra disposición para trabajar de manera coordinada con el Ejecutivo Federal; nuestra voluntad para analizar y debatir las iniciativas que se nos presenten, en un marco de respeto mutuo, de tolerancia y pluralidad.

Hemos recibido la iniciativa de Reforma de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y disposiciones conexas; señalando en principio, que el sentir generalizado de esta soberanía considera como responsabilidad ineludible del Estado, el garantizar el control, la suficiencia, eficiencia y calidad del sector energético. Estas entidades públicas deben ser dotadas de autonomía de gestión, para que se consoliden como empresas productivas que utilicen tecnologías limpias, oferten tarifas justas y accesibles y cuenten con competitividad internacional; todo ello bajo el control estatal.

Compañeras y compañeros, legisladoras y legisladores, en el contexto actual de una democracia presidencial, con un Congreso plural y dividido, es indispensable el trabajo político para encontrar coincidencias y concretar consensos y acuerdos; entendiendo que la política es el arte de lo posible. Tenemos que analizar y debatir las iniciativas con imparcialidad y madurez, y procesar las propuestas a través del filtro infalible de la diversidad, de la pluralidad y la democracia, para construir leyes que garanticen el bien común de todos los mexicanos, el progreso, la equidad social y la seguridad de la nación toda.

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